Llamamiento a la formación de un
Movimiento la Justicia Social
A potenciar toda la voluntad unitaria ,
soberana y libertaria del pueblo chileno
1.- En el umbral del bicentenario, la historia se repite.
Hace un siglo, la oligarquía se preparaba para “festejar” el primer centenario de la República de Chile. Terratenientes, empresarios de la minería y el comercio, disfrutaban, autocomplacientes, las migajas del salitre que dejaba el colonialismo inglés, al tiempo que aplastaban brutalmente las demandas populares, como ocurrió en la masacre del 21 de diciembre de 1907, en la Escuela Santa María de Iquique.
La crisis económica mundial y las luchas multitudinarias de trabajadores y trabajadoras, estudiantes, intelectuales y soldados, que unieron sus fuerzas para democratizar el país, pusieron en jaque la hegemonía oligárquica, lo que permitió la promulgación, en 1925, de una nueva Constitución Política, y, más tarde, en 1938, el triunfo del Frente Popular. Se inició, desde entonces, un período de ensanchamiento de los espacios democráticos que se prolongó hasta el 11 de septiembre de 1973.
Incapaz de frenar el avance popular por medios democráticos, la oligarquía apeló al Golpe de Estado para restablecer su condición de clase dominante, revertir las conquistas alcanzadas por el pueblo en el siglo veinte y refundar la sociedad y la institucionalidad bajo la hegemonía del gran capital.
El terrorismo de Estado, la característica más visible del régimen dictatorial, sólo fue un método para imponer un nuevo modelo de acumulación que diera sustento al poder político e ideológico de los más ricos, subordinados, esta vez, al imperialismo de los Estados Unidos. Habría sido imposible un retroceso histórico de esa magnitud por medios pacíficos y con respeto a los derechos humanos.
En 1990 los mandos militares se replegaron a los cuarteles, pero la esencia plutocrática y autoritaria del régimen en el plano económico, cultural e institucional se mantiene intacta y hoy, en el umbral del bicentenario, la élite político empresarial se vanagloria del “éxito” de su modelo de dominación que incrementa el abismo entre ricos y pobres y el predominio del capital extranjero.
Hace 100 años, fue la codicia inglesa por el salitre. Hoy, ya iniciado el siglo XXI, las empresas multinacionales y sus aliados internos buscan asegurar el control del cobre y de nuestros colosales recursos mineros, forestales y marítimos, negándonos el derecho a la autodeterminación.
El rumbo actual, que ha significado exclusión, ignorancia, humillación y desesperanza para millones de compatriotas, nos conduce a un abismo de confrontación y crisis que hace inviable cualquier proyecto de desarrollo nacional.
El cambio de rumbo es un imperativo histórico, ético y político que, como ciudadanos y ciudadanas, no podemos soslayar. Con los gigantescos recursos naturales y la voluntad unitaria y soberana de nuestro pueblo es posible alcanzar un presente digno y un futuro de paz, bienestar y solidaridad. en armonía e integración con los pueblos hermanos de América Latina.
2.- Chile: una modalidad de capitalismo salvaje, expresión
En los últimos 35 años un puñado de grupos económicos nacionales y extranjeros se han apropiado de las empresas que fueron del Estado chileno alcanzando un control virtualmente monopólico de la minería, las aguas cordilleranas, la electricidad, las telecomunicaciones, el sistema financiero, los ahorros previsionales, los recursos forestales y marítimos, etc., generando así un poder que les garantiza una hegemonía incontrarrestable en la política, la educación, la cultura y los medios de comunicación masivos. No ha sido éste un proceso específicamente económico, ni estrictamente nacional, ni menos, exclusivamente militar.
La intervención de EEUU en el Golpe de Estado de 1973, y en los cambios políticos habidos desde 1988, forma parte de un diseño de hegemonía global fraguado desde el corazón del imperio. Incluso antes que las colonias españolas en América culminaran su proceso de independencia, a inicios del siglo XIX, el presidente James Monroe sentenció que la América Latina debía transformarse en el patio trasero de los EEUU lo que se tradujo, poco después, en abierto boicot estadounidense al Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en Panamá (1826), para echar las bases de una gran patria latinoamericana al sur del Río Bravo. Este diseño estratégico, basado en la premisa de “dividir para reinar”, se ha cumplido invariablemente durante dos siglos, apelando a la intervención militar, a las intrigas, conspiraciones, corrupción y cooptación de las elites locales.
Es fundamental que entendamos hoy la multiplicidad de variables que operan en esta intervención. Sus logros en lo económico, político y militar, corren a la par de su penetración cultural e ideológica que ha inducido a una parte de la población, por el camino del individualismo, la alienación cultural, la pérdida de memoria histórica y la vertiginosa erosión de la identidad nacional.
En 1989, el colapso de la Unión Soviética (U.R.S.S.) redundó, en el plano mundial, en un gran triunfo para los capitalistas. El gobierno estadounidense creyó entonces tener el camino despejado para consumar sus viejos sueños de hegemonía mundial y lanzó una brutal ofensiva ideológica, política y militar, actuando como un Estado Terrorista que violenta la legalidad internacional y desconoce el derecho de las naciones a la autodeterminación, haciendo de la guerra de rapiña el eje ordenador de su economía. La codicia de las grandes empresas transnacionales y la expansión militarista norteamericana están agudizando los ya graves desequilibrios en el ecosistema, lo que se traduce en un proceso avanzado de calentamiento global que puede culminar en una hecatombe universal.
Se acentúa persistentemente la contradicción entre el desarrollo técnico científico, la ciega disputa por los mercados y la supervivencia del medio ambiente a un nivel compatible con la existencia de la especie humana.
La administración del Presidente G. W. Bush se ha obstinado en implantar, a escala global, un tipo de “capitalismo salvaje” que genera colosales ganancias para el gran capital financiero, pero que arrastra a la miseria y marginalidad a más de la mitad de la población mundial. No hay un solo país del Tercer Mundo en que este experimento haya resultado beneficioso para su pueblo. Peor aún, dentro de su propio territorio, se
manifiesta un cuadro recesivo que castiga a millones de ciudadanos cuyas libertades son gravemente restringidas, apelando incluso, a la legalización de la tortura.
La hegemonía imperial busca legitimarse apelando a una montaña de falsedades, mitos y dogmas que se reiteran persistentemente a través de una gigantesca red de medios de comunicación a escala mundial, pero que la realidad se encarga de desmentir. Por ejemplo, el supuesto de un “libre mercado” cuando los manejos fraudulentos y las operaciones mafiosas de las empresas multinacionales han pasado a constituir el pan de cada día; cuando los onerosos dispositivos bélicos utilizados en Irak y Afganistán -con su secuela de muertes entre civiles, enfermos, ancianos y niños- generan grandes utilidades para empresas vinculadas a las mismas familias que controlan la Casa Blanca; cuando van a la cárcel miles de ciudadanos por deudas privadas o tributarias mientras el Estado interviene para salvar de la quiebra a las grandes corporaciones financieras.
La “guerra contra el terrorismo”, eufemismo utilizado para apropiarse de las fuentes energéticas del mundo, y otras consignas elaboradas en los laboratorios del Pentágono se tornan ineficaces a la hora de justificar la intervención en los asuntos internos de otros países. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, tradicionales instrumentos de sometimiento de la periferia, pierden influencia. Para reducir su dependencia del petróleo importado, EEUU promueve la industria de los agro combustibles, lo que implica que extensas superficies que antes producían alimentos ahora sirven para sostener la maquinaria industrial militar del imperio, desatando un alza en los precios de los alimentos esenciales que amenaza con arrastrar a la hambruna a vastas regiones del planeta. Por su parte, Rusia, Brasil, China e India alcanzan acuerdos de cooperación estratégica. En América Latina los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, a los que se sumará pronto Paraguay, una vez que asuma la Presidencia Fernando Lugo, avanzan hacia la formación de un nuevo bloque de naciones que se orientan hacia el rescate de su soberanía y por la integración latinoamericana, libres de ataduras neocoloniales.
Las grandes empresas trasnacionales productoras de bienes y servicios han acentuado la explotación del trabajo asalariado hasta grados incompatibles con la dignidad humana sin generar “chorreo” alguno sino que, por el contrario, suprimiendo más puestos de trabajo a medida que se intensifica la centralización del capital y la fusión de grandes consorcios por rama de la producción. El modelo está enfermo. Tres empresarios perciben más ingresos que 48 países pobres cuya población supera los 600 millones de habitantes. En la última década el capital productivo creció en un 50% mientras el capital especulativo lo hizo en un 1000 %.
Pese a esta tendencia latinoamericana y mundial, Chile continúa aceptando el rol que EEUU le asigna como productor de materias primas y consumidor de tecnologías y productos elaborados. El sometimiento al capital transnacional ha profundizado la privatización de sectores estratégicos iniciada durante la dictadura militar y nos ha dejado más vulnerables a las crisis externas, a lo que se agrega un acuerdo estratégico para la compra de armamentos y entrenamiento militar que implica una subordinación altamente lesiva para la soberanía nacional.
3.- Continuismo de la institucionalidad y del modelo económico dictatorial.
El proceso de concentración del poder económico y desnacionalización de los recursos naturales y servicios básicos, no es producto de “una mano invisible” ni una fatalidad de la Historia. Se trata de un plan perfectamente articulado, con un comando altamente centralizado que ha operado a través de lobbystas, gestores, políticos, empresarios, militares e intelectuales chilenos que actúan transversalmente, desde la época dictatorial hasta hoy, como correas transportadoras de los intereses foráneos.
Objetivo prioritario de este proyecto es inhibir o desactivar el repudio popular a este esquema primario exportador que reproduce, en las condiciones del siglo 21, el marco neocolonial que prevaleció en el siglo 19 y que intentó ser superado por los proyectos políticos que encarnaron los presidentes José Manuel Balmaceda, Pedro Aguirre Cerda, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Se ha recurrido para ello a una sistemática mistificación de la realidad y a la manipulación de la conciencia ciudadana gracias al control prácticamente absoluto de los medios de prensa, radio y televisión, lo que se facilita por las secuelas del miedo y la atomización social que dejó la represión a gran escala entre 1973 y 1989.
En 1990 Chile no inició la transición desde una Dictadura a una democracia. No es verdad que la Concertación fundara un nuevo modelo, que se iniciara como “progresista” pero que ahora esté “agotado”. El retorno de los militares a sus cuarteles y el ascenso de civiles al gobierno fue pactado, desde sus inicios, para conveniencia de los mismos sectores empresariales que impulsaron el golpe militar y sostuvieron la dictadura. Los términos de esta mal llamada negociación –que en realidad fue una claudicación-, resultaban inaceptables para un pueblo que luchó 17 años no sólo contra los crímenes y torturas, sino contra el modelo económico, político e institucional que se impuso al amparo de la fuerza militar. El liderazgo concertacionista consiguió el acceso a la administración del Estado, a cambio de disolver, neutralizar y atomizar las múltiples expresiones de unidad, organización y movilización popular; hacer vista gorda de la corrupta transferencia de las empresas estatales a capitales privados en las que están involucradas importantes figuras de la derecha y de la Concertación; conceder todos los privilegios que exigían las transnacionales para saquear el cobre y otros recursos naturales; aceptar la supremacía de los nuevos grupos económicos locales; garantizar el financiamiento fiscal para el duopolio EL MERCURIO – LA TERCERA y poner candado a las publicaciones como FORTÍN MAPOCHO, ANÁLISIS, APSI, ETC., que habían desempeñado un rol decisivo en la batalla comunicacional contra la dictadura; y evitar que Pinochet y los miembros de la Junta de Gobierno fueran encarcelados, reconociendo un alto grado de impunidad para los violadores de derechos humanos.
Uno de los gestores de este acuerdo que hizo viable la “transición” -el democratacristiano Edgardo Boeninger- ha reconocido que la Concertación no puede admitir en público los términos de su compromiso con EEUU y los poderes fácticos locales y que el actual pacto de gobierno es inviable fuera del modelo económico neoliberal. Por su parte, el sociólogo Felipe Portales ha demostrado que la mayoría antidictatorial alcanzada en las urnas en 1988, estaba en condiciones de haber utilizado la Constitución de 1980 para desmantelar gran parte de la estructura del poder empresarial y militar. Sin embargo, la dirigencia de la Concertación, entre gallos y medianoche, pactó con Pinochet el llamado a un nuevo plebiscito, que tuvo lugar con escasa participación ciudadana en junio de 1989, el cual sirvió para dos propósitos esenciales: primero, legitimar la Constitución de 1980; y segundo, quitarle poder a la mayoría concertacionista para transferirlo a la minoría pinochetista con el objeto de que ésta pudiera ejercer a plenitud su rol de vigilancia y de veto sobre cualquier intento de alterar significativamente el actual modelo de dominación.
Todo este secretismo y hermetismo cupular ha sido indispensable para que la población se mantenga indiferente y pasiva ante la expoliación del patrimonio nacional que se implementa por un acuerdo profundo, ideológico y político, entre los poderes fácticos y el núcleo dirigente del gobierno concertacionista. Ello explica, a su vez, el carácter vertical, autoritario y excluyente de las políticas públicas, a lo que se agrega la arrogancia de los tecnócratas que imponen sus decisiones a la ciudadanía,
como quedó patéticamente demostrado tras la debacle del plan de Transportes para la capital, conocido como “TRANSANTIAGO”.
Cada día que pasa los monopolios nacionales y extranjeros alcanzan utilidades que ni se soñaron durante la dictadura. Mientras más poder y hegemonía logran, más nos alejamos de las metas democráticas y de justicia social prometidas en 1988.
Al inicio de la mal llamada “transición”, el 5% más rico, ganaba 90 veces más que el 5% más pobre. Hoy, esa diferencia llega a 220 veces. Con la nacionalización de 1971 el cobre quedó en un 100% en manos estatales. En dictadura el capital foráneo llegó a controlar, aproximadamente un 7%. La Concertación lo desnacionalizó entregando el 70% a capitales extranjeros, que han pasado a controlar también el molibdeno, el oro, el agua, la siderurgia, la electricidad, las telecomunicaciones, los ahorros previsionales, gran parte de la salud, la educación, el comercio y un alto porcentaje del sistema financiero.
Al peso determinante del capital extranjero en la producción de bienes y servicios se agrega el favoritismo tributario del que goza el capital especulativo. Los indicadores macro económicos utilizados por el Gobierno presentan esta situación como un “éxito” del modelo, sin mostrar las desigualdades y el empobrecimiento de los millones de chilenos que subsisten en condiciones de precariedad, sobre endeudados y sin ninguna esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Este capitalismo “salvaje” –según lo denominara el Papa Juan Pablo II- ha permitido que los capitales transnacionales empiecen a subordinar incluso a los principales grupos económicos locales, ahogar a la industria nacional y arrastrar a una crítica situación a las pequeñas, medianas y microempresas que absorben más del 70% de la mano de obra ocupada.
Lo que se define como “éxito económico” deriva, en realidad, de las ganancias que alcanzan menos del 5% de las empresas, cuyos propietarios, nacionales y extranjeros, son apenas un puñado de familias. Gerentes de esas grandes empresas perciben ingresos superiores a 80 millones de pesos al mes. Sólo con las ganancias del año 2006 las transnacionales mineras recuperaron todo lo invertido en los quince años anteriores.
El gobierno silencia o encubre esta realidad apelando a indicadores estadísticos carentes de objetividad. Así tenemos que no se reconoce como cesante a la persona que sólo tiene trabajo un día a la semana ni como “pobre” a quien percibe ingresos superiores a los $80.000 mensuales.
El incremento del poder económico de la minoría rica, tiene su correlato en el aumento de su poder político, que le permite hoy tener mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados, lo que se ha denominado “nueva mayoría”, concepto que encierra una falacia porque en estos 18 años, cada vez que se trata de defender los pilares del modelo económico, siempre concurren con sus votos los parlamentarios de la Alianza y la Concertación (reforma educacional, reforma previsional, TLC, etc.).
En otro ámbito, en el reciente fallo del Tribunal Constitucional que prohíbe al Estado entregar a las mujeres de menores ingresos la llamada “píldora del día después”, el voto que inclinó la balanza fue el del ex ministro democratacristiano Mario Fernández, situación ilustrativa de la postura política conservadora de gran parte de la dirigencia concertacionista que no sólo legitima una institución antidemocrática como el Tribunal Constitucional sino que, en acuerdo con la derecha, la usa para sus fines.
Si la Concertación sigue apegada a la actual Constitución Política que se nos impuso en 1980 bajo Estado de Sitio, no es sólo por “culpa de la derecha” sino porque su núcleo dirigente ha optado por disfrutar de los privilegios que le consagra el viejo orden antes que arriesgarse a perderlos en un proceso genuinamente democrático que reconozca la participación soberana del pueblo.
Más allá de los amarres jurídico institucionales, existe una dominación de hecho ejercida por el 1% de la población que controla el poder económico, los medios de comunicación y la institucionalidad política, mientras la gran mayoría de los chilenos no satisface sus necesidades básicas y se mantiene excluida de las grandes decisiones que afectan su presente y futuro.
Chile se ha convertido en un país en que el abuso es pan de cada día. El abuso de los patrones hacia sus trabajadores, especialmente los subcontratados; las mujeres y los jóvenes; los abusos al interior de los cuarteles militares, de las cárceles y recintos policiales; los abusos en los cobros indebidos del sistema bancario, compañías de seguro, monopolios que controlan la telefonía, el gas, el agua potable y la electricidad; el abuso de las ISAPRES y AFPS; los abusos de poder de los alcaldes transformados en verdaderos monarcas; los abusos que se cometen en los colegios municipalizados, subvencionados y en la educación privada en general; los abusos que se continúan cometiendo contra el pueblo mapuche, los abusos que sufren los inmigrantes latinoamericanos, etc.
No se trata de encontrarlo TODO MALO. La Concertación ha buscado paliar los efectos más atroces del modelo concentrador de la riqueza mediante subsidios, gasto focalizado, condonaciones y otras medidas que generan alivio en sectores de la población, pero que no alteran, de ninguna manera, la naturaleza del actual patrón de acumulación. Existen Ministros, Intendentes, jefes de servicio, Alcaldes, o simples funcionarios que se esfuerzan por mejorar la actual situación de los sectores más vulnerables. Pero esas acciones se enmarcan en políticas públicas que no hacen ni un rasguño a las colosales utilidades del sistema financiero y de los principales grupos económicos. No pasan de ser meros paliativos de carácter clientelista que se diseñan para neutralizar las movilizaciones populares que alcanzan mayor masividad y radicalidad en su lucha reivindicativa.
Un ejemplo ilustrativo: las ganancias de las transnacionales cupríferas en el último año, permitirían financiar cientos de veces el subsidio de invierno de $20.000 pesos anunciado por el gobierno para el 40% de familias más pobres de nuestro país.
El entendimiento y retroalimentación entre la cúpula gobernante y los grandes empresarios nacionales y extranjeros, es estratégico, ideológico y político. Cuando un honesto funcionario multó a la transnacional Macdonald por faltas a la higiene en sus procesos productivos, fue desautorizado con gran fanfarria y en menos de 48 hrs. por un conjunto de ministros y altos burócratas que fueron a comer hamburguesas, como un gesto de desagravio hacia el gigante norteamericano. Lo mismo cuando el Presidente de los grandes empresarios dice: “los empresarios aman a Lagos”.
No son cuestiones puntuales. Son una constante, desde el primer día de gobierno de la Concertación, que se refleja en todos los planos de la política del Estado.
Ante esta realidad profunda, consignas tales como “gobierno ciudadano” no son más que demagogia, palabras al viento desmentidas por la maciza realidad de un pacto entre los grupos dominantes en la economía, la cúpula concertacionista y el gobierno.
Los partidos políticos institucionales se han transformado en agencias de empleo, carentes de principios, y ajenos a las demandas sociales, dirigidos por oligarquías que se auto reproducen, manipulan y desinforman a sus militantes de base. En este contexto, la corrupción dejó de ser un hecho puntual o anecdótico para transformarse
en uno de los mecanismos esenciales para el mantenimiento de las parcelas de poder burocrático en las sinecuras del Estado.
Ante el silencio del liderazgo concertacionista, asume más relevancia la denuncia de la Conferencia Episcopal Católica que calificó como un escándalo la injusta distribución del ingreso y postuló la necesidad de un “salario ético”.
Una sofisticada trama de símbolos y categorías lingüísticas ha sido introducida por la cultura dominante para hacer creer que la opulencia de la minoría rica es buena para la mayoría pobre y para la nación entera. Sin embargo, más allá de las campañas de imagen y la manipulación ideológica que genera lenguajes y símbolos distorsionadores de la realidad, la verdadera “transición” ocurrida en Chile desde 1990 es desde la dictadura militar a la dictadura del gran capital.
4.- Propuestas Programáticas
a) Principios generales:
Nos asiste la certeza de que el ser humano puede alcanzar su plena realización individual sólo si piensa y actúa solidariamente integrado en su entorno social – nacional, continental y mundial - y en armonía e interdependencia con la naturaleza.
Nuestro programa no será el fruto de una elaboración elitista, ni una copia de modelos extranjeros, ni un acto de voluntarismo ideológico, sino el resultado de un proceso de constante elaboración con ese intelectual colectivo que interviene en las luchas cotidianas del pueblo chileno teniendo en cuenta, por cierto, la experiencia internacional.
Al formular su programa, nuestro movimiento debe tener en cuenta:
- el proceso histórico que ha caracterizado al país desde sus orígenes;
- un riguroso diagnóstico de la realidad nacional y mundial y de los recursos físicos, humanos, culturales y ambientales que den sustentabilidad a nuestros proyectos destinados a preservar lo bueno y necesario reemplazando aquello que resulta negativo para la plenitud humana y destructivo de la naturaleza.
- La necesidad de un amplio debate que involucre a todos los sectores de la ciudadanía, teniendo en cuenta sus experiencias, creencias, necesidades, sentimientos e intereses sectoriales o territoriales;
- la escala de valores éticos que emanan de la formación social chilena, de nuestras mejores tradiciones y de la necesaria coexistencia pacífica y solidaria con todos los pueblos del planeta.
- Nuestra firme adhesión a los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los otros instrumentos aprobados por el sistema de las Naciones Unidas tales como: declaración de los derechos económicos y sociales, de las mujeres, de los niños, de los pueblos indígenas, etc.
- No se trata, por lo tanto, de agitar algunas “banderas de lucha” para alcanzar pequeñas parcelas de poder o insertarse subordinadamente en algún agujero del orden vigente, sino de reemprender el proceso democratizador y emancipador que tuvo lugar en el Chile del siglo 20, brutalmente abortado en 1973.
- Lejos de proponer o imponer un recetario de soluciones a los problemas del país, aspiramos a formular un marco de referencia para que el conjunto de las fuerzas sociales orienten sus luchas y demandas en pos de la democratización y el desarrollo sustentable del país, en cooperación, paz e integración con todos los pueblos latinoamericanos.
Es importante que estas propuestas consideren, de manera diferenciada, por una parte, el modelo de sociedad al que aspiramos en el más largo plazo, y por la otra, las tareas y reivindicaciones que interpreten los intereses del pueblo trabajador y que pueden obtener sus fines parciales dentro del régimen actual.
Consideramos que el Estado, debería ser el representante de los intereses de la ciudadanía en su conjunto y, por lo tanto, jugar un rol principal en los planes de desarrollo, diseñando, planificando y coordinando las tareas en el ámbito de la economía, la educación, la cultura y en todo lo concerniente al bienestar, la armonía social y la protección ambiental, sin desconocer el aporte y la importancia del capital y la iniciativa privada.
Para que el Estado desempeñe ese rol, es preciso emprender un proceso de profunda democratización, a partir de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política que sea fruto del ejercicio de la soberanía popular y que garantice los derechos económicos, políticos y sociales de todos los chilenos y chilenas.
La nueva Carta fundamental debería contemplar, entre otras materias, un sistema representativo y proporcional en los cargos de elección popular, iniciativa ciudadana de leyes, plebiscito en relación a decisiones consideradas estratégicas para los destinos del país, revocabilidad de los cargos públicos de elección, estatuto constitucional de reconocimiento para los pueblos originarios, acceso a la información y pluralidad ideológica en los medios de comunicación.
Chile es un país rico en recursos naturales que deben ser preservados y explotados en beneficio de toda la sociedad. Nos proponemos, en particular, recuperar plenamente el usufructo del cobre, tal como quedó establecido en 1971, cuando el parlamento chileno, por unanimidad, acordó su nacionalización.
El Estado chileno debe declarar formalmente la inconstitucionalidad del Golpe Militar de 1973, lo que implica que las acciones decididas por los golpistas son insanablemente nulas.
c) Políticas públicas:
-Garantizar una educación pública de excelencia, gratuita y adecuada a las necesidades del país.
-Garantizar una salud pública digna y de calidad para todos los chilenos.
-Garantizar el derecho al trabajo, protección social en caso de enfermedad, vejez o
discapacidad.
- Fortalecer la industrialización, el mercado interno y el empleo, impulsando el desarrollo de los sectores de pequeña y mediana industria.
- Promover centros de investigación y tecnología aplicada de alto nivel en las áreas de minería, pesca, forestal, energías renovables, etc., favoreciendo la formación de equipos de excelencia.
- Impulsar la adopción de políticas redistributivas a favor de los sectores medios y de menores ingresos.
- Promover la investigación, la elaboración de proyectos y las inversiones en fuentes de energía renovables (eólica, solar, geotérmica, etc)
- Aspiramos a un modelo económico que, a partir de los intereses del conjunto de la ciudadanía, desarrolle una inserción constructiva de Chile en el proceso de integración latinoamericana apoyando las iniciativas ya en curso que apuntan a
constituirnos en un bloque regional con mayor autonomía y capacidad de negociación.
- Reconocimiento constitucional de los Pueblos Originarios. Integración en la comunidad nacional con pleno respeto por su cultura.
- Desarrollo de políticas específicas tendientes a cautelar los derechos de las mujeres, los jóvenes, adultos mayores, niños, minorías sexuales, etc.
- Garantizar el libre e igualitario ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres.
- Generar planes reales y eficaces que resguarden la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el campo laboral, educacional y de los derechos individuales.
- Establecer formas de asociación con el capital privado, que permitan mantener el control sobre la propiedad y gestión de nuestros recursos naturales. Así mismo, deberá establecerse la propiedad pública sobre los recursos estratégicos como: el agua, glaciales, recursos mineros, pesqueros y otros, con una estricta regulación de los recursos no renovables o de muy lenta renovación.
- Democratización de las Fuerzas Armadas y plena integración a los planes de desarrollo nacional.
d) Otras reivindicaciones prioritarias.
- En lo inmediato reclamamos que los mayores ingresos percibidos por las empresas transnacionales por el aumento del precio del cobre en más de un 300% en los últimos años, se destinen al fomento de proyectos productivos que absorban mano de obra y generen valor agregado.
- Rebaja del IVA al 15% y establecimiento de un IVA diferenciado entre los artículos de lujo y aquellos esenciales para las necesidades básicas de la población.
- Fin a la represión y a la militarización en las comunidades mapuche. Respeto a los derechos de los pueblos originarios y aplicación efectiva de la Convención Internacional de los Pueblos Indígenas aprobada recientemente por la ONU.
- Defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y repudio al reciente fallo del Tribunal Constitucional que discrimina socialmente el uso de la llamada “píldora del día después”.
- Fin a la usura de las AFP y establecimiento de una AFP estatal. Cambio al régimen previsional que incluya el término de la incautación y administración de los ahorros de los trabajadores por parte del gran capital financiero,
- Fin a las privatizaciones y a las concesiones de nuestros recursos minerales y energéticos.
- Efectiva protección de la naturaleza y desarrollo de los máximos esfuerzos para que los procesos de urbanización e industrialización se realicen en estricta consideración a los principios de sustentabilidad ambiental y calidad de vida de la población.
- Avanzar hacia la descentralización y mayor autonomía de las regiones.
- Fin a toda la normativa que facilita la impunidad para los violadores de los derechos humanos y sus responsables institucionales, con plena observancia de los Tratados vigentes en el sistema de las Naciones Unidas.
- Término de los remates de las casas de los deudores habitacionales y subsidio.
- Negociación colectiva inter-empresa y supra-empresa.
- Término de la sub-contratación.
- Re-estatización de los servicios públicos (generación y distribución de la energía eléctrica, agua, etc.)
- Abolición definitiva de la LOCE. Fin al lucro en la educación. Desmunicipalización de la educación pública.
- Reforma estructural del sistema público de salud, acentuando el carácter preventivo con una participación principal de la ciudadanía en la generación, desarrollo y control de todas las políticas públicas
Proponemos la realización de una Asamblea de carácter fundacional en la que participen todos los ciudadanos y ciudadanas, sin discriminación alguna, que se comprometan a observar los principios e impulsar el Programa del Movimiento mediante estructuras y metodologías compatibles con los grandes ideales de realización plena y bienestar de tod@s y cada un@ de los miembros de la sociedad. Este evento, que tendrá carácter fundacional, se realizará el 7 de junio de 2008 con el fin de discutir este llamamiento, adoptar el nombre definitivo, el programa y la estrategia de construcción del movimiento, designando a las compañeras y compañeros responsables de su implementación y desarrollo durante nuestro primer año de existencia.
Han sido muchos los intentos, algunos muy bien intencionados, de construir una nueva fuerza que impulse los cambios que Chile reclama. La mayoría de éstos, sin embargo, no ha cristalizado, porque en el seno de los luchadores y luchadoras sociales y sus organizaciones todavía existen arraigadas concepciones de lucha y de organización que tienden al aislacionismo, al burocratismo, al sectarismo o mesianismo. Muchos de estos errores o prejuicios no son producto de la represión dictatorial ni de la dominación extranjera, sino de traumas, visiones dogmáticas o frustraciones del pasado. Es frecuente, la incoherencia entre los fines de la sociedad democrática, solidaria y participativa que se postula y las formas de organización y métodos de trabajo que se emplean para alcanzarla.
El nuevo movimiento será un instrumento para favorecer el protagonismo del pueblo organizado. No es un fin en si mismo ni está destinado a ser peldaño para protagonismos personales o de secta ni para alentar pequeñas logias que se auto reproducen sin influir en su entorno social.
Si no prende en la multitud laboriosa, en la juventud estudiantil, en lo mejor de la intelectualidad y la cultura, entonces no sirve. Su máxima prioridad será vincular a
esta tarea a un número suficiente de miembros de la sociedad para que los cambios que propone puedan materializarse pese a la resistencia que opondrán las minorías defensoras a ultranza del orden vigente.
De ahí la necesidad de superar la adscripción pasiva o subordinada de personas que sólo “hacen número” pero que carecen de una firme decisión de contribuir a la construcción de una herramienta efectiva de cambio social. Por eso es que priorizaremos la integración y/o colaboración de quienes estén dispuestos a participar no sólo en el diagnóstico de los problemas locales o nacionales, sino en la propuesta de acciones tendientes a su denuncia o solución.
Para ello, más allá del trabajo interno, nos esforzaremos por crear las condiciones para que tod@s sus adherentes puedan, desde su propia cotidianeidad y posibilidad, colaborar en la práctica constructiva de este proyecto.
En este camino iremos decidiendo cómo nos organizamos según las características y condiciones específicas que se presenten en nuestros respectivos grupos de pertenencia: fábricas, barrios, colegios, en las ciudades y en las zonas agrarias o mineras; entre l@s jóvenes, trabajador@s, pobladores, intelectuales etc.,
Estamos convencidos que los cambios que se propongan no serán posibles de alcanzar sin potenciar la fuerza mayoritaria de la ciudadanía. Para ello es necesario recuperar la confianza entre nosotros y el valor de nuestras personas, de nuestras ideas y de nuestra capacidad para ser constructores de una nueva sociedad.
En tal sentido, nuestras propuestas deben ser bien fundamentadas, bien explicadas, estableciendo con claridad las formas y los tiempos de su implementación, para que a nadie le quepa duda de su viabilidad, sustentabilidad y alta conveniencia para el bienestar de todos los chilenos y chilenas.
Este gigantesco desafío nos obliga a todos los miembros del movimiento a capacitarnos solidariamente, creando instancias de debate e investigación que sean el crisol de nuestras ideas, apelando al conocimiento que existe en nuestras bases orgánicas y en la sociedad toda, para formarnos un juicio amplio y fundamentado sobre la naturaleza de los problemas que afectan a la sociedad. Este conocimiento no es privativo de unos cuantos iluminados, sino que está latente en ese intelectual colectivo que es el conjunto de movimientos sociales y fuerzas políticas que adoptan una actitud crítica frente al régimen imperante y formulan sus propias iniciativas, las que deberemos apoyar solidaria y responsablemente.
El camino propio, el sectarismo y el mesianismo, no sirven para doblegar la resistencia de los poderes fácticos. No hay otro camino de victoria sino el de la unidad para alcanzar una fuerza social y política realmente influyente en el destino del país.
El Movimiento debe respetar la autonomía de las organizaciones sociales, denunciando su manipulación por cualquier instancia o grupo. Al mismo tiempo debe favorecer la coordinación en red de las más diversas organizaciones en torno a áreas comunes de problemas o intereses.
La inscripción y permanencia de los(as) miembros en el Movimiento será voluntaria y personal, lo que no será obstáculo para la participación de agrupaciones o colectivos que resuelvan su participación en esta nueva construcción unitaria. Las actividades que desarrolle en concordancia con sus grandes ideales y propuestas programáticas, constituirán la identidad del Movimiento y la de sus miembros.
En su estructuración interna, el Movimiento debe definir la renovación periódica de sus dirigentes y el establecimiento de formas de participación que aseguren la generación de los acuerdos y niveles dirigenciales, desde la base hacia los diferentes escenarios en que actúa la organización. Necesita orientarse, además, al desarrollo de la democracia interna, el pluralismo, y la aceptación de la diversidad que, lejos de debilitarla, representa su mayor fortaleza. Será necesario, por tanto, cautelar los espacios de debate interno y de toma de decisiones en los que se confronten las diversas opiniones para construir el camino y proyecto común sobre la base de sólidas mayorías y el respeto a las minorías.
Debemos desarrollar una disciplina consciente y un fuerte compromiso para el cumplimiento de los acuerdos gestados en el movimiento. El respeto a la diversidad no puede confundirse con desorganización, falta de unidad e ineficiencia.
Cada miembro, independientemente de su antigüedad, matriz ideológica o de la organización en que militó en el pasado, podrá proponer las modificaciones que estime sobre cualquier tema. Sólo dependerá de la solidez de sus argumentos el que sus proposiciones sean acogidas e implementadas.
La asamblea del 7 de junio tiene carácter fundacional porque en ella se adoptarán las decisiones fundamentales relativas al carácter y objetivos del movimiento. Lo que se propone en este documento, por tanto, sólo apunta a ordenar el debate y sugerir las líneas gruesas de sus principios, estrategia y programa político.
Llamamos a las personas y organizaciones sociales, sindicatos, gremios, trabajadores urbanos y rurales, del comercio, servicios, pequeñas y medianas empresas, minorías sexuales, etnias, artistas e intelectuales, etc., a participar en este nuevo espacio de debate, organización y movilización, a enriquecer estas propuestas para reemprender el gran proyecto histórico de emancipación nacional y social del pueblo chileno.
Adherentes:
Alejandra Botinelli, María Teresa Hortal, Alejandro Mattus, Juan Olave D., Patricio Valenzuela, Gabriel Romero, Domiciano Soto, Hugo Torres, Gustavo Ruz, Pablo Moya, Cristian Jamett, Carolina Guzmán, Patricio Munita, Raúl Valle, Marcelo Saavedra, Rodrigo Bianchi, Ernesto Medina, Camilo Brodsky, Vladimir Valenzuela, Belinda Zubicueta, Teodoro Pizarro, Eugenio Duran, Clotilde Soto, Pablo Navarro, Marcelo Neira, Joan Parra Vega, Valentín Aguilera,Luis Diaz Borquez, Mario Saavedra Ponce
Más informaciones:
Correo electrónico: mdj.social@gmail.com
